PATRIAS

Soberanía popular. O más allá del Estado de derecho Vladimir Safatle

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25 de octubre de 2021

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El texto que sigue se tradujo directamente, y se adaptó —para la sección Ruedo dentado de Patrias Actos y Letras—, de la parte titulada "Soberania popular ou a democracia para além do Estado de Direito" de la edición original en portugués de la obra de Vladimir Safatle A esquerda que não teme dizer seu nome (São Paulo, Três Estrelas, 2012), págs. 39-59. Se dispone en castellano de una traducción anterior del libro de Safatle, La izquierda que no teme decir su nombre (trad. Hernán Soto, Santiago, LOM Ediciones, 2014), con la cual esta nueva traducción, de Rolando Prats, hubo de cotejarse, si bien ambas difieren entre sí, en numerosos puntos de estrategia, lenguaje y estilo, de manera ostensible. El título “Soberanía popular. O más allá del Estado de derecho” es de Patrias. Se han respetado las notas del original en portugués, por contener los números de página de las obras citadas —todas, traducciones al portugués—, al tiempo que se han añadido entre corchetes referencias bibliográficas a traducciones al castellano de esas mismas obras. Todas las citas han sido traducidas por Rolando Prtas.

 

Vladimir Pinheiro Safatle (Santiago, Chile, 1973) es autor, entre más de una veintena de títulos, de Cinismo e falência da crítica [Cinismo y fracaso de la crítica], São Paulo, Boitempo, 2008; Grande Hotel Abismo: Por uma reconstrução da teoria do reconhecimento [Gran Hotel Abismo: Por una reconstrucción de la teoría del reconocimiento], São Paulo, WMF Martins Fontes, 2012 [ed. ing.: Grand Hotel Abyss: desire, recognition and the restoration of the subject, Leuven, Leuven University Press, 2016], y O circuito dos afetos. Corpos políticos, desamparo e o fim do indivíduo, São Paulo, Cosac Naify, 2015 [ed. esp.: El circuito de los afectos: cuerpos politicos, desamparo y fin del individuo, Cali, Editorial Buonaventura, 2019].

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Anteriormente, en la sección Ruedo dentado de Patrias, se publicó, bajo el titulo "Pensar lo innegociable", la Introducción de La izquierda que no teme decir su nombre.

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El miedo al caos está, en música tanto como en psicología social, sobrevalorado.

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Theodor Adorno

 

 

“Pero el Estado democrático excede los límites tradicionalmente asignados al Estado de derecho poniendo a prueba el ejercicio de derechos que todavia no tiene incorporados y convirtiéndose en escenario de una contestación cuyo objeto no se reduce a la conservación de un pacto tácitamente establecido, sino que se forma a partir de focos que el poder no puede dominar[1].”

 

Quien esto dice no es un partidario de la izquierda revolucionaria a la caza del mejor momento para socavar los cimientos del Estado de derecho, sino Claude Lefort, en su obra La invención democrática [Buenos Aires, Nueva Visión, 1990], mayormente consagrada, por el contrario, a la crítica de las sociedades burocráticas de la antigua Europa del Este.

 

Esas frases sintetizan algunas de las reflexiones más importantes sobre la intrincada relación entre justicia y derecho. Relación que últimamente tendemos a ignorar, como si todo lo que aconteciera al margen del Estado de derecho fuera necesariamente ilícito y estuviera profundamente animado por premisas antidemocráticas. Tal vez hayamos perdido la capacidad de pensar cuál es el sentido de esa democracia que "excede los límites tradicionalmente assignados al Estado de derecho", ese punto de exceso que, a lo largo de la historia contemporánea, la izquierda ha sabido demostrar que es el motor fundamental de la dinámica de lo político.

 

Tal vez hayamos perdido la capacidad de pensar en la democracia como punto de exceso en relación con el Estado de derecho porque creemos que todo lo que se coloque fuera del Estado de derecho no podría tener lugar sino en el más transparente totalitarismo. Quien se sitúe al margen del Estado de derecho pareciera colocarse en una posición soberana, la de quienes podrían no someterse a la ley y modificarla continuamente al antojo de la casuística y de las circunstancias. Vemos sólo a dos candidatos a ocupar semejante posición: el delincuente que viola abiertamente la ley que garantiza la seguridad del Estado de derecho o (y aquí las cosas comienzan a complicarse) el legislador que sostiene que, en situaciones excepcionales  —como en caso de guerra (pero ya sabemos que es cada vez más complicado distinguir entre estado de guerra y estado de paz), o en caso de crisis (pero ya sabemos que siempre nos acecha alguna crisis grave)— es posible suspender ciertas disposiciones jurídicas.

 

Aún asi, es posible que exista un tercer caso de exceso en relación con el Estado de derecho, un exceso planteado de manera clara por Jacques Derrida, cuando en Fuerza de ley. El fundamente místico de la autoridad [Madrid, Tecnos, 2008] afirma: "Quiero entonces reservar la posibilidad de una justicia, o de una ley, que no sólo exceda o contradiga el derecho, sino que tal vez no mantenga ninguna relación con el derecho, o mantenga con él una relación tan extraña que pueda tanto exigir el derecho como excluirlo[2].”  ¿Puede, entonces, la justicia no sólo exceder el derecho, sino mantener con él una relación tan extraña que parezca colocarse en una posición de indiferencia soberana? Me gustaría insistir en que esa posibilidad, lejos de socavar y debilitar la democracia, es en cambio lo que la funda y fortalece, ya que esa posibilidad es otra forma de nombrar lo que solemos llamar "soberanía popular".

 

 

 

Estados ilícitos

 

Conocemos situaciones en que la justicia se disocia del derecho. Se trata de situaciones en que nos encontramos ante un "Estado ilícito". Hasta la tradición política liberal conviene, al menos desde John Locke, en el derecho que tiene todo ciudadano de oponerse al tirano, de luchar por todos los medios contra quien usurpe el poder e imponga un estado de terror, de censura, de suspensión de las garantías de integridad social. En esas situaciones, la democracia reconoce el derecho a la violencia, por cuanto toda acción contra un gobierno ilícito es una acción lícita.

 

Vale la pena insistir en esta cuestión. Cabe afirmar que uno de los principios constitutivos fundamentales de la tradición de modernización política de la que formamos parte afirma que el derecho fundamental de todo ciudadano es el derecho a la rebelión y a la resistencia. No creo que sea necesario adentrarnos aquí en la génesis de la conciencia de la inseparabilidad entre la defensa del Estado libre y el derecho a la violencia contra un Estado ilícito. En cuanto a Occidente, es muy probable que su conciencia haya surgido de la Reforma Protestante, gracias a la noción de que los valores fundamentales presentes en la vida social pueden ser objeto de problematización y crítica, lo que requiere la institucionalización de la libertad.

 

Ya en Calvino encontramos la siguiente afirmación:

 

“Los gobernantes de un pueblo no deben escatimar esfuerzo para que de ningún modo la libertad del pueblo del que son responsables se desvanezca en sus manos. Más aún: cuando la descuiden o la debiliten, se los deberán considerar traidores a la patria[3].”

 

De hecho, Calvino evita generalizar tal consideración en forma de un derecho general de resistencia. Sin embargo, la noción calvinista muestra claramente la posibilidad de una crítica del poder hecha en nombre de exigencias de institucionalización de la libertad. Esa crítica será radicalizada por sectores del pensamiento reformista, como Thomas Münzer y algunos reformistas puritanos ingleses. A partir de ellos, el derecho de resistencia aparece como fundamento de la vida social.

 

Esa apertura del pensamiento de la Reforma al problema de la resistencia alcanzará al pensamiento político y se radicalizará con la tradición revolucionaria francesa (que no dejará de recibir la influencia de los hugonotes). Así en el artículo II de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 se lee: "El objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la seguridad, la propiedad y la resistencia a la opresión." En el preámbulo de la Constitución francesa de 1958 todavía se reconoce el vínculo del texto constitucional con tales principios.

 

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793, redactada bajo influencia jacobina, presenta como derechos naturales e imprescriptibles la libertad, la igualdad, la seguridad y la propiedad. Sus tres últimos artículos (33, 34 y 35), sin embargo, tratan claramente del derecho de resistencia. Después de afirmar, en el artículo 27, "que todo individuo que usurpe la soberanía será inmediatamente asesinado por hombres libres", la Declaración dirá:

 

Artículo 33: La resistencia a la opresión es consecuencia de los demás derechos humanos.

 

Artículo 34: Hay opresión contra el cuerpo social cuando se oprime a uno solo de sus miembros. Hay opresión contra cada miembro cuando todo el cuerpo social es oprimido.

 

Artículo 35: Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada parte del pueblo, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes.

 

Todavía hoy, en el párrafo 4 del artículo 20 de la Constitución alemana, encontramos claramente enunciado el "derecho de resistencia" (Recht zum Widerstand). De la misma forma, semejante enunciado aparece en las constituciones de varios estados de los Estados Unidos (New Hampshire, Kentucky, Tennessee, Carolina del Norte, entre otros)[4].

 

He aquí un dato interesante: en la primera Declaración de los Derechos Humanos el derecho de resistencia figura como uno de sus cuatro fundamentos. En cambio, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por las Naciones Unidas en 1948 se evita enunciar directamente ese derecho y, en su lugar, se opta por una formulación tangencial en su preámbulo, donde se lee: "Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión (...)." Es decir, que para que no se materialice el derecho de resistencia, deberán respetarse los siguientes derechos positivos. Esa enunciación tangencial revela el malestar de la política contemporánea en relación con la clara asunción del carácter de excepión de la soberanía popular.

 

El carácter de excepción se hace evidente cuando recordamos que si quien usurpa la soberanía de los hombres libres debe ser castigado es porque dicha soberanía necesita ser preservada como atributo directo del pueblo en cualquiera de sus formas de expresión. Con ello, la Revolución Francesa inaugura una de las interrogantes fundamentales para el pensamiento político moderno, a saber, cómo dar forma institucional al poder instituyente propio de la soberanía popular, ya que, por ser soberano, ese poder se encuentra en la situación excepcional de situarse al mismo tiempo dentro y fuera del ordenamiento jurídico. Dentro, porque en condiciones normales se somete a ese ordenamiento. Fuera, porque como todo poder soberano puede suspender el ordenamiento jurídico por su propia voluntad, es decir, sobre la base de la conciencia de la inadecuación entre la voluntad popular y la configuración jurídica vigente. Esa suspensión, que no conlleva la destrucción del nomos, se realiza mediante una cierta "violación política de la ley".

 

Antes de analizar la naturaleza de esa violación, recordemos también que no debemos entender la idea fundamental del derecho de resistencia únicamente como el núcleo de defensa contra la disolución de los conjuntos de valores liberales (derecho a la propiedad, afirmación del individualismo, etc.). Esa estrategia liberal es errónea. De hecho, dentro del derecho de resistencia, encontramos la idea fundamental de que el bloqueo de la soberanía popular debe ser respondido por la demostración soberana de la fuerza. Que la democracia deba, en virtud de esa cuestión, enfrentarse a lo que Giorgio Agamben llama "el problema de la significación jurídica de una esfera de acción que en sí misma es extrajurídica", o incluso, con la "existencia de una esfera de acción humana que escapa totalmente al derecho"[5], que la democracia deba enfrentarse a una esfera extrajurídica, pero no por ello ilícita, es algo que está claro. Debemos insistir aquí en que, incluso en situaciones en que no estamos ante un "Estado ilícito", se plantea el problema de la disociación entre justicia y derecho.

 

 

 

Una sociedad que teme a la política

 

A muchos les gusta decir que, en una democracia, cualquier forma de violación del Estado de derecho resulta inaceptable. Pero, ¿y si, lejos de ser un aparato monolítico, el derecho en las sociedades democráticas fuera una construcción heteróclita, en la que conviven leyes de diversos matices, formando un conjunto profundamente inestable e inseguro? La Constitución de 1988, por ejemplo, no tuvo la fuerza necesaria para modificar varias disposiciones jurídicas creadas por la Constitución totalitaria de 1967. Seguimos siendo juzgados por esas disposiciones. En ese sentido, ¿acaso ciertas "violaciones" del Estado de derecho no serán condición de la posibilidad de que se hagan sentir exigencias más amplias de justicia?

 

Fue pensando en situaciones de esa naturaleza que Derrida afirmó que el derecho era objeto posible de una deconstrucción destinada a exponer las superestructuras que "ocultan y reflejan, al mismo tiempo, los intereses económicos y políticos de las fuerzas dominantes en la sociedad"[6]. ¿Quién puede decir en conciencia que tales fuerzas no han actuado y actúan para crear, reformar y suspender la ley? ¿Quién puede decir en conciencia que el choque social de fuerzas en la determinación de la ley termina necesariamente de la manera más justa? Por lo tanto, ningún ordenamiento jurídico puede hablar en nombre del pueblo. Por el contrario, el sistema jurídico de una sociedad democrática reconoce su propia fragilidad, su incapacidad para ser expresión plena y permanente de la soberanía popular.

 

Por esas razones, la democracia concede el carácter "deconstruible" del derecho y lo concede reconociendo lo que podríamos llamar la legalidad de la "violación política". Pacifistas que se sientan frente a bases militares para impedir que se traslade armamento (desafiando así la libertad de circulación), ecologistas que siguen a barcos cargados de residuos radiactivos para impedir que estos se viertan en el mar, trabajadores que organizan piquetes en las fábricas para crear situaciones en que puedan negociar con más fuerza demandas de mejora de las condiciones de trabajo, ciudadanos que protegen a inmigrantes sin papeles, ocupaciones de edificios públicos en nombre de nuevas formas de acción estatal, trabajadores sin tierra que invaden granjas improductivas, Antígona que entierra a su hermano: en todos estos casos, se viola el Estado de derecho en nombre de la lucha por la justicia.

 

Sin embargo, es gracias a acciones como esas que se amplían derechos y adquiere nuevos matices la noción de libertad. Sin acciones de esa naturaleza, nuestra situación de exclusión social sería, sin duda, mucho peor. Es en esos momentos donde encontramos el punto de exceso de la democracia en relación con el derecho.

 

Una sociedad que tema esos momentos, que haya perdido la capacidad de comprenderlos, es una sociedad que trata de reducir la política a mero acuerdo en torno a las leyes vigentes y los medios de cambiarlas (¡como si la forma actual de la estructura política fuera la mejor posible!); si se tiene en cuenta lo que es el sistema político brasileño, se entenderá claramente el carácter absurdo de semejante afirmación.

 

En el fondo, se trata de una sociedad que teme a la política y que querría sustituirla por la policía. La violación política nada tiene que ver con el intento de destruir física o simbólicamente al otro, al oponente, como vemos en la violencia estatal contra los sectores descontentos de la población o en los golpes de Estado. En la violación política, en cambio, se manifiesta la intensidad de la urgencia de las demandas de justicia.

 

Por supuesto, es menester comprender mejor aquello a lo que demos el nombre de "justicia". No se trata de un principio regulador establecido. Ciertamente, la "justicia" está más relacionada con la experiencia material del bloqueo del reconocimiento y el sufrimiento social en relación con las imposiciones producidas por las condiciones socioeconómicas y disciplinarias de nuestros modos de vida. Hay que preguntarse cuál es la naturaleza del sufrimiento social en cuestión y proporcionar una interpretación politicamente pertinente del régimen de sufrimiento social de que se trate, sin por ello reducir todas las dimensiones del problema, sino revelar una dimensión a menudo descuidada e incomprendida.

 

En cualquier caso, observemos cómo la suspensión de la ley en nombre del sufrimiento social y del bloqueo del reconocimiento es cualitativamente distinta de la suspensión de la ley en virtud de prácticas totalitarias. La suspensión política es una manera de afirmar que el derecho se debilita cuando no es capaz de reconocer sus propias limitaciones. Y ello se hace sobre la base de otro tipo de "derecho" (empleo comillas en aras del rigor) cuyo fundamento, como dijo Lefort, "no tiene figura", está marcado por un "exceso frente a toda formulación efectiva", lo que significa que su formulación contiene la exigencia de su reformulación. Sólo asumiendo ese exceso puede existir la democracia.

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