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La izquierda y los dobles raseros: el caso de Venezuela* Lucas Koerner

 

 

*Originalmente publicado con el título “The Global Left and the Danger of a Dirty War in Venezuela” en MintPress News, el 25 de febrero de 2019. Traducido del inglés por Rolando Prats para Patrias. Actos y Letras.

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En un reciente artículo para Jacobin, Gabriel Hetland delineó lo que, según él, debería ser la posición de “izquierda” frente a los esfuerzos golpistas en curso dirigidos por los Estados Unidos en Venezuela.

 

Hetland observa acertadamente que “no hay absolutamente ninguna justificación para las sanciones o la intervención militar de los Estados Unidos” en Venezuela, a lo cual deben oponerse izquierdistas y progresistas en todo el mundo.

 

Sin embargo, de ahí pasa a alegar que el Presidente Nicolás Maduro “no fue elegido democráticamente”, y que, por tanto, la izquierda tiene el deber de “respaldar el llamado a elecciones libres y justas” en la nación caribeña.

 

Pero, ¿es Maduro menos legítimo que sus homólogos del Norte Global y debería la izquierda de los Estados Unidos llamar a que se celebren nuevas elecciones en Venezuela? Además, en las condiciones actuales, ¿es factible celebrar “elecciones libres y justas”?

 

 

Doble rasero democrático

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Hetland compila una lista de supuestos abusos “autoritarios” por parte del gobierno de Maduro que, según sostiene, invalidan las credenciales democráticas del gobierno venezolano.

 

En un artículo anterior, apuntábamos que el concepto de “autoritarismo” utilizado en las ciencias políticas, es fundamentalmente de naturaleza colonial y sirve para yuxtaponer las democracias capitalistas del Norte Global a los “regímenes” del Sur Global que desafían el consenso de Washington sobre los “mercados libres” y la democracia representativa liberal como “fin de la historia”.

 

Al desechar este binario ontológico, afirmamos que el gobierno de Maduro debe ser juzgado no según ningún ideal abstracto de “legitimidad democrática”, sino según los mismos estándares que aplicamos a la administración de Trump y a otros regímenes del Norte Global.

 

Hetland afirma que “Maduro prohibió a los principales partidos y candidatos de la oposición venezolana—sobre todo a Henrique Capriles Radonski— que se postularan“, pero omite, por supuesto, el hecho fundamental de que los tres partidos de oposición más grandes, Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP), habían boicoteado las elecciones municipales del 10 de diciembre de 2017, lo que los obligó a revalidar su condición de partido mediante la recolección de firmas del 0,5 por ciento del electorado, requisito nada infrecuente en muchos estados de los Estados Unidos. AD logró renovar su condición, PJ no consiguió recoger las firmas necesarias y VP boicoteó totalmente el procedimiento.

 

De hecho, Capriles fue descalificado en relación con las acusaciones de corrupción contra Odebrecht, que probablemente respondían a motivos políticos. Sin embargo, en cualquier otro país probablemente seguiría en prisión, o estuviese legalmente impedido de ocupar cargos públicos, habida cuenta de su destacada participación en el golpe de Estado de 2002, durante el cual dirigió el asedio a la Embajada de Cuba y participó en el secuestro del Ministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín, junto con el ex alcalde de Chacao, Leopoldo López. Capriles y López, junto a otros destacados líderes de la oposición, como Julio Borges, Antonio Ledezma y María Corina Machado, encabezarían otros cinco intentos descaradamente inconstitucionales de derrocar al gobierno chavista: el bloqueo petrolero de 2002/3, los actos de violencia por parte de la oposición tras las elecciones de 2013, las guarimbas de 2014 y 2017, así como el actual golpe de Estado dirigido por Trump.

 

Si bien Hetland acierta en cuestionar la manera en que el gobierno de Maduro ha recurrido a maniobras verticales de poder desde la Corte Suprema, el Ejecutivo Nacional y más tarde la Asamblea Nacional Constituyente, desviándose a las claras de la estrategia de Chávez de movilizar de abajo hacia arriba para construir una hegemonía socialista, no reconoce que tales medidas se adoptaron en respuesta a una intentona de golpe parlamentario. Recordemos que la Asamblea Nacional, en manos de la oposición, bloqueó efectivamente la renegociación de la deuda soberana del país por el gobierno, aprobó de forma abyecta leyes inconstitucionales, como una enmienda constitucional que acortó retroactivamente el mandato presidencial, y declaró que Maduro había “abandonado su cargo”, tal como se ha repetido para justificar la autoproclamación de Juan Guaidó como “presidente encargado”.

 

Del mismo modo, como ha sido ampliamente documentado por Venezuelanalysis, es cierto que el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha reprimido a quienes, a su izquierda, lo han desafiado en varias ocasiones, pero tales prácticas palidecen en comparación con las empleadas regularmente por el Partido Demócrata de los Estados Unidos, el que aún no ha tenido que hacer frente a ninguna repercusión legal por su manipulación de las primarias presidenciales de 2016 en favor de Hillary Clinton.

 

Lo cierto es que Nicolás Maduro fue reelegido en unas elecciones supervisadas por observadores internacionales en las que obtuvo 6,2 millones de votos, lo que equivale al 31 por ciento de la población con derecho a votar.

 

A su vez, Barack Obama recibió el 31 por ciento en 2008 y el 28 por ciento en 2012, mientras que Trump fue elegido con sólo el 26 por ciento en 2016, sin ganar el voto popular. Por tanto, en términos de procedimiento democrático, Maduro no es menos legítimo que Donald Trump, el español Pedro Sánchez, quien no fue elegido, Theresa May, sumida en una crisis política tras otra, o innumerables otros líderes occidentales, de ninguno de los cuales se esperaría que tolerara una oposición violenta respaldada por extranjeros.

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Hetland acierta una vez más en señalar que si la oposición se hubiera unido en torno al candidato presidencial opositor Henri Falcón, el ex gobernador habría tenido grandes posibilidades de derrotar a Maduro. Pero olvida mencionar que, en cambio, los principales partidos de la oposición abandonaron las conversaciones con el gobierno y, siguiendo el ejemplo de Washington, torpedearon activamente a Falcón con el objetivo de deslegitimar las elecciones y allanar el terreno para la actual tentativa de golpe.

 

 

 

¿Guerra fría redux?

 

En 1990, los sandinistas fueron derrotados en unas elecciones presidenciales que sólo en un universo paralelo orwelliano podrían haberse considerado “libres y justas”.

 

Una década de estrangulamiento económico y terrorismo paramilitar por los Estados Unidos había diezmado al país centroamericano y puesto a los nicaragüenses a votar “con una pistola en la cabeza”, según la conocida frase de Daniel Ortega.

 

En ese momento, incluso las llamadas “palomas” del establishment político de los Estados Unidos, como lo ha probado meticulosamente Chomsky, apoyaron con entusiasmo el criminal asedio que mantenía la administración de Reagan, y hasta Hendrik Hertzberg, ícono de la prensa liberal, expresó su apoyo a una “continuación del embargo contra Nicaragua si los sandinistas ganaban las elecciones y los informes de los observadores resultaban menos que favorables”.

 

Entretanto, la izquierda estadounidense estaba demasiado debilitada para oponerse en forma eficaz a la guerra terrorista de Washington.

 

Cualquier evaluación objetiva de la situación habría concluido que Ortega tenía el cien por ciento de su derecho a suspender las elecciones de 1990 hasta que los Estados Unidos pusieran fin al apoyo a los contras, levantaran el bloqueo económico y pagaran los 17.000 millones de dólares en concepto de reparaciones adeudadas al país, según había dictaminado la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, debido a la debilidad de la oposición interna en los Estados Unidos, Ortega se vio obligado a aceptar el fraudulento acuerdo de paz impuesto por la administración de Reagan, respecto del cual Washington incumplió su promesa de poner fin a la guerra a cambio de elecciones.

 

Venezuela no es Nicaragua, pero la situación actual no es totalmente diferente.

 

Al igual que en Nicaragua, las elecciones del 20 de mayo de 2018 en Venezuela no fueron “libres y justas”, pero no por las razones que expone Hetland.

 

La interferencia de Washington en las elecciones fue extrema y avergonzaría a los actuales acusadores del Russiagate.

 

Un bloqueo financiero por los Estados Unidos, impuesto por el presidente Barack Obama en 2015 y convertido en de jure por Trump en 2017, ha diezmado la economía venezolana, exacerbando el daño causado por los principales fracasos de la política de Maduro, que Hetland acierta en mencionar. Como resultado, a Venezuela se le robaron al menos 6.000 millones de dólares en ingresos perdidos por exportaciones de petróleo en los doce meses posteriores a agosto de 2017, lo que equivale a alrededor del seis por ciento del producto interno bruto (PIB). A modo de comparación, los gastos en atención de la salud en América Latina promedian el siete por ciento del PIB.

 

Además de esas medidas ilegales, Washington promovió un boicot de la oposición, llegando incluso a amenazar con sancionar al candidato presidencial de la oposición, Henri Falcón.

 

Si las elecciones presidenciales del año pasado no fueron de ninguna manera “libres y justas” por las razones anteriormente expuestas, ¿qué hace entonces a Hetland pensar que convocar a nuevas elecciones sería diferente esta vez?

 

Los Estados Unidos intensificaron todavía más sus sanciones a finales de enero, imponiendo un embargo petrolero de facto que se estima que costará a las arcas venezolanas 11.000 millones de dólares en 2019. Según el jefe económico de Torino Capital, Francisco Rodríguez, las nuevas medidas, además de las sanciones existentes, harán que el PIB de Venezuela se contraiga en un veintiséis por ciento en 2019, destruyendo lo que queda de la economía del país y matando a muchos, muchos venezolanos.

 

Por otro lado, en el improbable caso de que Maduro o algún otro candidato chavista lograra ganar unas nuevas elecciones, son pocas las posibilidades de que Washington y los partidos opositores de derecha —cuya impopularidad del 75 por ciento está a la par con la del gobernante PSUV, según la encuestadora Datanálisis, alineada con la oposición— reconozcan los resultados. La oposición ha denunciado fraude en prácticamente todas las elecciones importantes de los últimos quince años, con la curiosa excepción de las dos que ha ganado. Por su parte, el de Obama fue el único gobierno del mundo que se negó a reconocer la victoria electoral de Maduro el 14 de abril de 2013.

 

La realidad que la izquierda debe tomarse muy en serio es que los Estados Unidos, junto con sus aliados de ultraderecha de Voluntad Popular y Primero Justicia, están empecinados en librar una guerra sucia para exterminar al chavismo como fuerza política de masas. Los escépticos no necesitan mirar más allá del nombramiento como enviado especial a Venezuelade Elliott Abrams, ampliamente considerado el padrino de los regímenes de escuadrones de la muerte respaldados por los Estados Unidos en la década de 1980 en Centroamérica. Igualmente, el apoyo entusiasta de la oposición venezolana a las sanciones económicas encabezadas por los Estados Unidos y su negativa a descartar una intervención militar extranjera son una prueba flagrante de su voluntad de sacrificar incontables vidas venezolanas con tal de derribar a Maduro y al chavismo. No olvidemos que esta es la misma oposición que consideró normal que se linchara a negros en las calles por el delito de “parecer chavistas” durante las violentas protestas antigubernamentales.

 

Cabría pensar que estamos en presencia del mismo libreto que el del golpe del 11 de abril de 2002, cuando la oposición venezolana, con el aval de Abrams, derrocó temporalmente al presidente democráticamente electo Hugo Chávez e instaló una dictadura que disolvió la constitución y asesinó a entre cincuenta y sesenta personas en un reinado de terror de 47 horas.

 

Bajo las actuales condiciones de asedio encabezado por los Estados Unidos, la idea de que se puedan convocar “elecciones libres y justas” y de que el chavismo pueda ceder pacíficamente el poder sin arriesgarse a su liquidación es, cuando menos, delirante.

 

Por tanto, el primer y más importante deber de la izquierda en los países del Norte Global es oponerse al intervencionismo imperial de sus propios gobiernos en Venezuela.

 

Cualquier discurso de izquierda que fustigue al gobierno de Maduro por su “autoritarismo” y exija elecciones como cuestión de principio abstracto no hace otra cosa que proporcionar cobertura ideológica para el golpe en marcha, sobre todo porque la izquierda de los Estados Unidos es todavía demasiado anémica para oponerse al golpe de manera eficaz.

 

Como decía Chávez, “sólo el pueblo salva al pueblo”. Los venezolanos podrán y habrán de determinar su propio destino, pero corresponde a la izquierda, a los elementos progresistas y a todos aquellos que se definan a sí mismos como demócratas en las “entrañas del monstruo” ayudarlos a derrotar a la nueva “coalición de los dispuestos” que se está formando para derrocar a otro gobierno independiente del Sur Global.

 

Nota a los lectores: Una versión de este artículo se envió a Jacobin y NACLA, pero cuatro días después ninguno de esos dos medios había dejado en claro si lo publicaría.