¿Otro golpe fallido en Venezuela?* George Ciccariello-Maher

 

 

*Publicado originalmente con el título “Another Failed Coup in Venezuela?” en Venezuelanalysis.com el 7 de marzo de 2019. Traducido del inglés por Rolando Prats para Patrias. Actos y Letras.

 

 

Repite tus propias mentiras un número suficiente de veces—reza la cita apócrifa de Goebbels— y comenzarás a creértelas tú mismo. Durante dos décadas, la oposición venezolana y sus partidarios en Washington han difamado a Hugo Chávez y a su sucesor, Nicolás Maduro, como despóticos strongmen que se mantienen en el poder únicamente por medio de la fuerza militar e irrisorios desembolsos a los pobres. No es de extrañar entonces que una vez más estén subestimando al chavismo y a la resistencia de sus seguidores.

 

 

Subestimar a la gente

 

Ya hemos sido testigos, otras veces, de todo esto. El 11 de abril de 2002, la oposición venezolana —según los informes de mayor crédito— desplegó a francotiradores contra sus propios partidarios y utilizó las muertes que siguieron para justificar un golpe contra Hugo Chávez. Pero a la oposición se le fue espectacularmente la mano y subestimó a las bases chavistas, a las que calumniaba rutinariamente como seguidores ciegos de un populista de mano dura. Cuando los golpistas abolieron todas las ramas del gobierno e hicieron letra muerta de la Constitución, cientos de miles de venezolanos pobres salieron a las calles a exigir, y eventualmente a forzar, el regreso de Chávez al poder.

Mucho ha cambiado desde 2002. La “tormenta perfecta” formada por la muerte de Chávez, el desplome de los precios del petróleo, la mala gestión del sistema de controles monetarios, la feroz agresión de la oposición y, más recientemente, las sanciones impuestas por los Estados Unidos, han hecho caer en picada la economía venezolana. Muchos de los impresionantes logros de la Revolución Bolivariana —en salud, educación y reducción de la pobreza— se han evaporado rápidamente, produciendo frustración, confusión y desesperación incluso entre los partidarios más intransigentes del chavismo.

Así, cuando el 23 de enero el diputado de filas Juan Guaidó se declaró presidente encargado de Venezuela, sus cómplices y él pensaron que el ejército se fragmentaría rápidamente antes de alinearse con el autoproclamado presidente. Las cosas no salieron como esperaban. Aparte de un puñado de soldados y del agregado militar de Venezuela en los Estados Unidos, las fuerzas armadas venezolanas mantuvieron su sólido respaldo a Nicolás Maduro. Y a pesar de las grandes manifestaciones tanto a favor como en contra del gobierno, tampoco ha habido signos de resistencia masiva y sostenida en las calles a favor del golpe.

¿Por qué? En parte porque la frustración que hoy sienten muchos venezolanos pobres es sólo eso: frustración. Están hartos de la crisis económica, y muchos culpan por ello, al menos parcialmente, a Maduro. Como en otras ocasiones, sin embargo, la mayoría no encuentra en esa frustración ninguna justificación para un antidemocrático cambio de régimen, y mucho menos para una intervención extranjera, a la que se oponen la mayoría de los venezolanos. Lo que es más, el deseo de que la economía mejore no ha llevado a muchos a identificarse con los partidos de la oposición que aún representan a los sectores más elitistas de la sociedad venezolana y que no han ofrecido soluciones creíbles a la crisis económica.

 

 

El caballo de Troya de la ayuda humanitaria

 

Pero si es mucho lo que ha cambiado, también mucho ha permanecido igual. Incapaz de creer que los pobres puedan tener una posición tan matizada, la oposición ha vuelto a tentar a la suerte y se lo ha apostado todo a otro fallido golpe de Estado. El 23 de febrero se cumplió un mes de la auto-coronación de Guaidó, y también de la expiración del período de 30 días durante el cual cualquier presidente interino está en la obligación de celebrar nuevas elecciones. De acuerdo hasta con la artificiosa interpretación que de la Constitución venezolana hace la oposición, dado que Guaidó nunca convocó a esas elecciones, no tiene derecho ahora a seguir reclamando la presidencia. Y así fue cómo, el 23 de febrero, Guaidó recurrió a medidas cada vez más desesperadas e intentó provocar una crisis forzando la entrega de “ayuda humanitaria” estadounidense a través de la frontera.

No es difícil desenmascarar este falso humanitarismo. Las Naciones Unidas se negaron a participar en lo que consideraron envíos de ayuda “politizados”, y la Cruz Roja denunció la farsa en la frontera como “ayuda no humanitaria” y se quejó del uso no autorizado de la insignia de la Cruz Roja por parte de las fuerzas de la oposición. Habida cuenta de que Elliott Abrams, criminal de guerra de la época de los contras en Nicaragua, está ahora a cargo de la política de los Estados Unidos en Venezuela, vale la pena recordar que, en Nicaragua, los contras apoyados por los Estados Unidos usaron la insignia de la Cruz Roja con fines similares.

Y, luego, también es cuestión de simple matemática. Mientras que la oposición montó un espectáculo para entregar unos pocos millones de dólares en ayuda, las sanciones estadounidenses le han costado ya a Venezuela miles de millones de dólares, y le costarán miles de millones más. Según estimaciones del economista Mark Weisbrot, el número de muertes provocadas por las sanciones oscila entre “miles o decenas de miles hasta el momento”, dándose por sentado que el draconiano endurecimiento de las sanciones por parte de Trump provocará más muertes.

En contraste, el gobierno de Trump básicamente le entregó las llaves de las cuentas bancarias y los activos de Citgo —alrededor de 7.000 millones de dólares— a Guaidó, quien también ha exigido el control de más de mil millones de dólares en oro venezolano en poder del Banco de Inglaterra. Y si albergábamos alguna ilusión sobre las credenciales humanitarias de la oposición venezolana, vale la pena señalar que la misma golpea rutinariamente a una infraestructura de bienestar social que asocia con el chavismo —como en el caso, recientemente, de la quema de un almacén donde se empacaban y distribuían paquetes de alimentos subsidiados conocidos como CLAP.

Provocación en la frontera

Al igual que en 2002, el 23 de febrero la oposición buscó sembrar sangre y caos para justificar su golpe, pero fracasó esta vez. Cualquier análisis objetivo de las imágenes de video de lo ocurrido en la frontera colombiana lo deja en claro. Del lado venezolano de la frontera, tropas venezolanas formaban una sola fila detrás de sus escudos antimotines. Del lado colombiano, manifestantes enmascarados de la oposición les lanzaban cócteles molotov. Cuando, de repente, dos camiones de “ayuda” se incendiaron, Guaidó y la mayoría de los medios de comunicación inmediatamente culparon del incendio a Maduro. Tan abrumadora resultó esta versión en los medios que pocos observadores parecían darse cuenta de que los camiones nunca habían llegado al lado venezolano, y que casi con toda seguridad el incendio de los camiones había sido causado por los propios cócteles.

Desesperado por encontrar cualquier pretexto con que justificar la intervención extranjera, el senador Marco Rubio (republicano de la Florida) incluso culpó a Maduro del “envenenamiento”, en el lado colombiano de la frontera, de un legislador de la oposición y su ayudante. A pesar de la ausencia absoluta de pruebas, la prensa internacional echó a correr con la historia. Pero resultó que el diputado en cuestión había sido aparentemente drogado y estafado por trabajadoras sexuales que se había llevado a su habitación después de una noche de fiesta. Y cuando las tensiones que desde hacía tiempo se venían acumulando entre militares venezolanos e indígenas pemones en la frontera sur con Brasil provocaron enfrentamientos violentos y varias muertes, las preocupaciones de larga data de los indígenas se incorporaron oportunamente a la narrativa de la oposición sobre la entrega de la ayuda. Desde hace 

años, los partidos de la oposición han estado alimentando la disconformidad entre los grupos indígenas, y muchos de los indígenas que participaron en los enfrentamientos estaban menos preocupados por los envíos de ayuda que por lo que percibían como años de actividad militar corrupta en la región.

La oposición, sin embargo, ha guardado un extraño silencio sobre su propia violencia. Cuando tres soldados venezolanos que habían desertado secuestraron vehículos blindados de transporte de tropas, conduciéndolos a toda velocidad hacia las barreras fronterizas a fin de desertar al lado colombiano, atropellaron a un grupo de civiles entre los que se encontraba la reportera gráfica chilena Nicole Kramm. Posteriormente, Kramm, que casi muere en la embestida, y cuya cámara se mantuvo encendida todo el tiempo, así describió la escena: “Esto fue un ataque contra civiles. No puedo creer que se les trate de héroes. Si no hubiese corrido, y si hubiese estado 15 centímetros más cerca, no estaría aquí diciéndolo."

El peligro no ha desaparecido

El “Plan A” fracasó el 23 de enero y el “Plan B” fracasó de manera similar un mes más tarde, dejando a Guaidó en una situación desesperada y sin un camino claro a seguir. Cuando intentó llegar a chavistas descontentos tuiteando que Hugo Chávez no habría aprobado las acciones de Maduro, Guaidó fue atacado por sus propios seguidores en Twitter, revelándose así viejas tensiones que han seguido fermentándose dentro de la coalición opositora. Agotadas todas las demás opciones, Guaidó y el Vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, no lograron convencer al Grupo de Lima —coalición regional de gobiernos mayormente derechistas y Canadá— de que apoyaran la intervención militar. Dada la disensión que provoca la amenaza de intervención por los Estados Unidos, incluso en el gabinete del presidente brasileño de extrema derecha Jair Bolsonaro, el golpe de Estado de Guaidó parece estar en las últimas.

No obstante, ello no significa que el peligro haya desaparecido. El lunes, Guaidó escenificó un menos que triunfal regreso a Venezuela y, a pesar de que había violado la prohibición de viajar que pesaba sobre él, por el momento el gobierno ha optado por no arrestarlo. Si acaso, Maduro habrá de protegerlo a toda costa. En medio de amenazas de muerte contra Guaidó, el Grupo de Lima ha advertido de las nefastas consecuencias que podría acarrear que algo le ocurriese. Sin embargo, si Guaidó fuera asesinado, sería casi con toda seguridad a manos de algún derechista venezolano deseoso de provocar una intervención militar (en ocasiones anteriores, el gobierno ha desmantelado planes similares).

En los próximos meses, las sanciones impuestas por los Estados Unidos continuarán apretando los tornillos económicos, abrumando con más sufrimientos a los que más sufren siempre —los venezolanos más pobres—, a la espera de que el ejército y la población en su conjunto deserten. En 1990, los nicaragüenses votaron por sacar a los sandinistas del poder, sabiendo muy bien que, si no lo hacían, tanto las sanciones de los Estados Unidos como la guerra de los contras continuarían. Muchos de los que estaban entonces a cargo de la política de los Estados Unidos vuelven a estarlo hoy, por lo que la estrategia sigue siendo la misma: “hacer que la economía grite”, como dijera Nixon. Puede que el golpe actual esté fracasando, pero aunque Washington fracase lo intentará de nuevo. Venezuela no puede permitirse el lujo de fracasar ni una sola vez.

El “Plan A” fracasó el 23 de enero y el “Plan B” fracasó de manera similar un mes más tarde, dejando a Guaidó en una situación desesperada y sin un camino claro a seguir.